La actual Comunidad Autónoma de Cantabria tiene una historia relativamente reciente como entidad política, aunque el territorio posee una identidad histórica que se remonta a la Antigüedad. Antes de constituirse como comunidad autónoma uniprovincial, el territorio formaba parte de la provincia de Santander, creada en 1833 durante la reorganización territorial impulsada por Javier de Burgos. Durante casi siglo y medio, la denominación oficial fue precisamente Provincia de Santander.
Con la llegada de la democracia tras la Constitución Española de 1978, se abrió la posibilidad de que las regiones españolas accedieran al autogobierno mediante la creación de comunidades autónomas. En ese contexto surgió un amplio movimiento político y social que defendía que la provincia de Santander debía constituirse en una comunidad autónoma propia, recuperando el nombre histórico de Cantabria, vinculado al antiguo pueblo de los cántabros que habitó estas tierras antes de la conquista romana.
El proceso culminó con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria, mediante la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre. Desde la entrada en vigor de este estatuto, la provincia de Santander pasó a denominarse oficialmente Comunidad Autónoma de Cantabria, convirtiéndose en una de las diecisiete comunidades autónomas de España. El cambio de nombre no solo tuvo un carácter administrativo, sino también simbólico, ya que suponía recuperar una denominación con un profundo significado histórico y cultural para sus habitantes.
Desde entonces, Cantabria cuenta con sus propias instituciones de autogobierno, entre ellas el Parlamento de Cantabria, el Gobierno de Cantabria y la Presidencia de la comunidad, que ejercen las competencias transferidas por el Estado de acuerdo con el Estatuto de Autonomía.
En resumen, antes de llamarse Cantabria, este territorio era conocido oficialmente como Provincia de Santander. La constitución de la comunidad autónoma en 1981 representó la recuperación del nombre histórico de Cantabria y el inicio de una nueva etapa de autogobierno dentro del Estado de las Autonomías español.
